Entre 1820 y 1852, diversos grupos sociales
con proyectos políticos diferentes se enfrentaron en los
intentos por constituir un Estado en las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
La diferencia entre los proyectos enfrentados
surgía —en primer lugar de la forma de organización
política que proponían para el nuevo Estado: unos
el centralismo y otros el federalismo. Por esto, es conveniente
precisar en qué consistía jurídicamente esa
diferencia.
La organización política
de un Estado puede adoptar básicamente dos formas: el centralismo
o el federalismo. En el centralismo también llamado unidad
de régimen, todos los niveles de gobierno están subordinados
al poder central; además, un régimen centralista generalmente
unifica la legislación y la administración de todo
el país más allá de particularidades regionales
o diversidades culturales. El federalismo, en cambio, se basa en
la asociación voluntaria o federación de Estados o
poderes regionales que delegan algunas de sus atribuciones para
constituir el Estado o poder central.
Para comprender mejor el período
de la historia argentina estudiado, debe descartarse la mal planteada
antinomia entre porteños centralistas o unitarios y provinciales
federales. Federales y unitarios los hubo tanto en las provincias
interiores como en Buenos Aires.
Después de 1810, los pueblos de
las provincias interiores mostraron un fuerte localismo en defensa
de sus intereses, que entraban en colisión con los intereses
de Buenos Aires. Más tarde, muchos gobiernos provinciales
comenzaron a declararse federales cuando advirtieron que la centralización
política fortalecía los históricos privilegios
de a ciudad puerto de Buenos Aires. La forma unitaria de gobierno
fue sostenida no sólo por grupos porteños sino también
por grupos sociales del interior cuyos ingresos dependían
de actividades económicas relacionadas con el puerto de Buenos
Aires. Se trató además de una reacción de las
más antiguas y poderosas familias que controlaban los gobiernos
provinciales frente al creciente poder de los nuevos jefes rurales.
Todos los gobiernos provinciales que se
declararon federales también expresaron, unos en forma más
explícita que otros, su voluntad de constituir e país.
Para ellos, la constitución era un instrumento adecuado para
terminar con los privilegios de Buenos Aires, Una constitución
federal podía respetar la autonomía provincial de
Buenos Aires y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de todas
las provincias a participar en la distribución de los ingresos
del puerto de Buenos Aires, a través de un Estado central.
De acuerdo con los principios doctrinarios,
los federales se oponían a un régimen de gobierno
unitario en defensa de las autonomías provinciales. Pero
en la provincia de Buenos Aires, la defensa de la autonomía
provincial se transformó en una justificación para
no ceder la ciudad y el puerto de Buenos Aires a un Estado central.
Por esta razón, entre los federales
se distinguieron dos grupos: los federales doctrinarios y los autonomistas
bonaerenses. Estos últimos se enfrentaron tanto a los unitarios
como a los federales doctrinarios.
Desde 1828, el autonomísmo de Buenos
Aires se fue identificando cada vez más con Juan Manuel de
Rosas —representante de los intereses de tos hacendados y
terratenientes de la provincia—. Desde su gobierno sostuvo
que antes de organizar la federación las provincias debían
mejorar sus respectivas administraciones y evitó nuevos
intentos de constitución de un Estado central.
En la práctica,
la ciudad y el puerto de Buenos Aires continuaron siendo el centro
organizador de la economía y de la sociedad del nuevo país.
Y los gobiernos federales de las provincias del Litoral y del interior
siguieron reclamando al gobierno federal de Buenos Aires la libre
navegación de los ríos y aranceles de aduana que protegieran
sus industrias locales.
Alonso-Elizalde-Vazquez
