Vida y obra de Pedro Antonio Arias Velázquez
por Alberto José Arias
Prefacio
I.
Este estudio fue en primer lugar postulado por mí ante el Concurso “Los
abogados en la Revolución de Mayo",
convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para abogados recibidos en ella. Lo
redacté entonces bajo el título: “Pedro Antonio Arias Velázquez: su
actuación como abogado en el período revolucionario y la de todos sus colegas”,
y lo fue bajo el seudónimo “Emilio Papiniano”.
El concurso se declaró desierto, equivocadamente creo, pero así son los
concursos, como lo explicaré brevemente en el punto II.
Aquélla
convocatoria, que debe ser posible consultarla aún en Internet, expresó
literalmente: “Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Concurso para egresados de trabajos historiográficos sobre "Los abogados
en la Revolución de Mayo". La Comisión Especial del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires llama a participar del Concurso de trabajos
historiográficos sobre el tema: “Los abogados en la Revolución de Mayo” Podrán
participar en el concurso los egresados de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Con la sola presentación, los participantes
autorizan expresamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
a difundir sus nombres, trabajos y datos personales en los medios y las formas
que la Comisión Especial considere convenientes y a poner a disposición del
público las copias de los trabajos en la Biblioteca de la Facultad, sin derecho
a compensación o reclamo alguno, una vez emitido el dictamen por el Jurado. Los
participantes que sean premiados y/o recomendados para ser publicados ceden a
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el derecho de
publicación de sus trabajos, sin derecho a compensación alguna. En la
publicación de los trabajos constará el nombre de los respectivos autores. La
presentación a este concurso implica la aceptación lisa y llana de estas bases.
El concursante deberá presentar, antes del cierre, un único trabajo sobre el
siguiente tema: " Los abogados en la Revolución de Mayo”, cumpliendo con
los siguientes requisitos: El trabajo deberá ser individual. El trabajo deberá
ser original e inédito. Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 50
páginas, en letra Arial 11, interlineado 1 ½, en hoja A4. Será presentado en la
Mesa de Entradas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
Avenida Figueroa Alcorta 2263 (CP 1425) Planta Principal, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mecanografiado en soporte papel, en cinco (5) ejemplares o copias
y un (1) diskette o CD, e indicando el seudónimo elegido en un sobre cerrado,
en cuyo exterior hará constar el concurso en el cual compite y el seudónimo
elegido, y en el cual incluirá una nota firmada que contendrá su nombre,
apellido, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, y la
manifestación de que acepta expresamente estas bases. Apertura del concurso: Se
declara abierto el concurso a partir del día 1° de septiembre de 2008. Fecha de
cierre del concurso: El llamado a concurso cerrará el día 30 de abril de 2009,
a las 19:00 horas. Jurado: El Jurado estará integrado por los Sres. Profesores
Dres. José María Díaz Couselo, Alberto David Leiva y María Rosa Pugliese. El Jurado se expedirá antes del 28 de
mayo de 2009. El Jurado descartará sin más trámite las presentaciones que no se
adecuen a las formas y requisitos previstos en las bases. El dictamen final
será escrito y deberá señalar los fundamentos por las cuales se asigna el
Premio, o los Premios. El Jurado podrá declarar desierto el concurso. El Jurado
podrá otorgar menciones adicionales a los premios previstos por el presente
Reglamento. Sus resoluciones, decisiones y dictamen final serán definitivos y
no admitirán recursos. Si alguno de los integrantes del Jurado renuncia o tiene
algún otro impedimento, podrá ser reemplazado por quien designe la Comisión
Especial, sin que ello pueda dar lugar a cuestionamiento alguno por parte de
los concursantes. Premios: Los premios consistirán en: Primer premio:
Publicación del trabajo en un libro en homenaje al Bicentenario de la
Revolución de Mayo. Diploma expedido por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. El diploma hará constar la designación del Premio
otorgado, el título del trabajo y los nombres de los integrantes del jurado, y
será firmado por el Decano y el Presidente de la Comisión Especial. Libros del
fondo editorial La Ley. Segundo Premio: Publicación del trabajo en un libro en
homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo. Diploma expedido por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El diploma hará constar
la designación del Premio otorgado, el título del trabajo y los nombres de los
integrantes del jurado, y será firmado por el Decano y el Presidente de la
Comisión Especial. Libros del fondo editorial La Ley. Tercer Premio:
Publicación del trabajo en un libro en homenaje al Bicentenario de la
Revolución de Mayo. Diploma expedido por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. El diploma hará constar la designación del Premio
otorgado, el título del trabajo y los nombres de los integrantes del jurado, y
será firmado por el Decano y el Presidente de la Comisión Especial. Libros del
fondo editorial La Ley. Publicidad: El llamado a concurso, así como sus bases,
fechas de convocatoria, nombres de los miembros del jurado, sus dictámenes y
los ganadores del concurso serán difundidos a través de la página web de la
Facultad del Derecho: www.derecho.uba.ar/bicentenario.
El
Jurado dictaminó: Reunido el Jurado integrado por los Profesores doctores
José María Díaz Couselo, Alberto David Leiva y María Rosa Pugliese, para evaluar los trabajos
historiográficos sobre el tema: "Los abogados en la Revolución de
Mayo". Atento que se han presentado bajo pseudónimo los siguientes
trabajos:
1.
"¿Cuantos y quienes fueron los abogados que participaron y votaron en el
cabildo abierto del 22 de mayo de 1810?", por "Abogado
desconocido"
2.
"Los abogados en la Revolución de Mayo", por
"Benjamín Linus"
3.
"Los abogados en la Revolución de Mayo" por
"Gastón Rodrigo Tirigall Casté"
4.
"Pedro Antonio Arias Velázquez : su actuación como abogado en el período
revolucionario y la de todos sus colegas", por Emilio Papiniano.
5.
"Los abogados en la Revolución de Mayo" por
"Margarita Elizalde"
Y
en teniendo en cuenta que se ha verificado que ninguno de ellos presenta la
originalidad requerida por la convocatoria, por cuanto se trata de trabajos de
revisión bibliográfica sobre textos de divulgación científica, que en algún
caso exceden el medio siglo;
En
uso de las atribuciones conferidas en la convocatoria, el Jurado resuelve por
unanimidad declarar desierto el concurso, en Buenos Aires, los trece días del
mes de agosto de 2009”. (sic)
II.
Ante este resultado que se me presenta injusto, decidí exponer una protesta.
Sabía bien que no cabía recurso formal alguno; tal como se incluyó en las
aceptadas bases; pero igualmente quise formular una queja. Dejé pasar un
tiempo y el día 13 de Octubre de 2009 escribí lo siguiente:
From: Alberto J.Arias
Sent: Tuesday, October 13, 2009 2:14 AM
Subject: Resultado del Concurso "Los abogados en la Revolución de Mayo"
Concordia, 13 de octubre de 2009.
A los Señores
Profesores
doctores:
José María
Díaz Couselo,
Alberto David
Leiva y
María Rosa
Pugliese
Miembros del
Honorable
Jurado del Concurso:
“Los abogados
en la Revolución de Mayo"
PRESENTES
Alberto
José Arias, abogado (UBA) DNI M 8.416.557 tengo el deber de dirigirme a Vª
Honorabilidad en relación al resultado del Concurso “Los abogados en la
Revolución de Mayo" y sobre él respetuosamente digo:
I.
En Secretaría me entregaron (a través de mi hijo Andrés, alumno en ésa Facultad
de Derecho) solamente el folio 2 de vuestra resolución y ruego que me la envíen
completa, porque quiero conocerla y conservarla.
II.
Limitándome, pues, solamente al folio 2 es mi deber expresarles que rechazo
vuestro aserto: “se ha verificado que ninguno de ellos presenta la originalidad
requerida por la convocatoria, por cuanto se trata de trabajos de revisión
bibliográfica sobre textos de divulgación científica, que en algún caso exceden
el medio siglo”.
1)
Esto es una falacia en su primera parte y una tergiversación en la segunda.
2)
Lo explico brevemente: Mi ensayo no es una simple revisión bibliográfica, ya
que incluí análisis jurídicos e históricos originales e introduje numerosos
juicios propios míos, por ejemplo: a) mi estudio sobre la Constitución de Salta
podría ser el inicio de una investigación doctoral; y b) mi razonamiento justo
sobre la actuación imprescindible de los abogados en la gesta de Mayo, entre
varios otros, confirman que mi ensayo es una verdadera investigación jurídica
original. A ella me remito.
3)
En cuanto a mis transcripciones -la mayor es de la obra del Dr. Atilio Cornejo
quién, a su vez, se funda en papeles de la familia Arias- ninguna de ellas
excede el límite de 1.000 palabras que me permitía -y habilita aún a favor de
todos los investigadores- la ley 11.723 (artículo 10).
4)
Es inhumano e impropio hoy exigir que se hagan estudios históricos sobre las
fuentes originales, los documentos de la Colonia, cuándo ésas mismas fuentes
están transcritas en obras privadas y públicas y se hallan en el dominio
público y pueden encontrarse en la Biblioteca Nacional, en la del Congreso
Nacional, etcétera, y algunos tenemos la ventura de poseerlas privadamente,
heredadas de nuestros mayores. Por ejemplo, el fundamental y fundacional libro:
“DOCUMENTOS DE LA CONFORMACIÓN INSTITUCIONAL ARGENTINA 1782-1972”[1]. Todo el
material que contiene esa obra es público e indubitable y puede copiarse
libremente, tal como si estuviéramos consultando los originales de la Colonia.
Además, sobre los libros privados, por ejemplo los del Dr. Ricardo Levene, sus
herederos no pueden pretender derechos de autor sobre los numerosos
antecedentes legales (derecho indiano) y jurisprudenciales de la Colonia que el
maestro, las más de las veces, sólo transcribe[2].
Yo,
sí, incluí unas citas suyas, específicamente sus equivocados comentarios
adversos a la 1ª Constitución de Salta, pero inmediatamente las critico
racionalmente, porque el maestro yerra (también nosotros y todos).
5)
Afirmo que la segunda parte de vuestro resolutorio es una tergiversación porque
yo redacté mi ensayo sobre documentos familiares de más de doscientos años (mi
familia está aquí desde hace más de cuatro siglos) y consultando obras que
superan holgadamente una centuria, por ejemplo: La “HISTORIA DE BELGRANO Y DE
LA INDEPENDENCIA ARGENTINA” de Bartolomé Mitre[3], edición 1876, que heredé de
mi abuelo paterno, Carlos, abogado y doctor de la UBA -1896- y de mi padre,
Carlos Ramón, -abogado, UBA, 1941-. No se trata, pues, de textos “...que en
algún caso exceden el medio siglo”. (El subrayado es mío). Ésa afirmación fue
un exceso, un error o, al menos, una imprecisión del H. Jurado, que no puedo
aceptar calladamente porque me ofende.
III.
CONCLUSIÓN: Es falso, de toda falsedad, que mi ensayo sea sólo una revisión
bibliográfica sobre textos de divulgación científica, que en algún caso exceden
el medio siglo”.
IV.
Se expresó en las aceptadas bases que no se admitirán recursos contra el
decisorio. No recurro formalmente, pues, ante el Señor Decano ni ante ninguna
otra autoridad académica. Apelo, sí, materialmente, y lo hago ante vuestra
propia conciencia, como un recurso de suplicación e injusticia notoria para que
vosotros mismos, en vuestras almas, reconozcáis vuestro yerro: Estimo que mi
ensayo se rechazó por Vª Honorabilidad porque me pronuncié fundadamente, como
mi tatarabuelo hace doscientos años, en contra de la masonería.
V.
Esto es todo cuánto quería decirles yo, pero hay algo más sobre las injusticias
y los concursos que quiero repetir y que nos lo enseña el Dr. Werner
Goldschmidt: “…La historiografía dikelógica debe poner de realce las injusticias
que recayeron durante la casi totalidad de la historia humana sobre la casi
totalidad de la población mundial compuesta de esclavos, siervos, miserables,
mujeres, niños sin protección, empleados a merced de sus amos, súbditos
sometidos sin freno alguno al aparato coactivo y torturante del gobernante,
ciudades saqueadas, etc. ... Bach perdió un concurso musical contra un
contrincante cuyo nombre hoy sólo sobrevive por haber sido su competidor. Como
se ve, los jurados de todas las épocas han procedido de manera similar...”
[4] (El subrayado me pertenece).
VI.
Espero, pues, los folios restantes al nº 2 enviado, para conocer todo cuánto
manifestaron los señores Profesores, doctores José María Díaz Couselo, Alberto
David Leiva y María Rosa Pugliese. Ruego que vuestro e.mail de respuesta se me
envíe a esta casilla y también a [email protected]
Dios,
Nuestro Señor, esté con vosotros, os ampare y os guarde en la palma de su mano.
Siempre.
Alberto José Arias
Abogado (UBA) y
Abogado Canónico
[1] Publicación ordenada por la Presidencia
de la Nación, Ministerio del Interior; Imprenta del Congreso de la Nación,
Ciudad de Buenos Aires, año 1974.
[2]
“HISTORIA DEL DERECHO ARGENTINO”, tomos I al XI. Editorial Guillermo Kraft
Ltda., editados entre los años 1945 y 1958.
[3]
Tomos I y II, Tercera y única edición completa; Imprenta y Librería de Mayo, de
C. Casavalle, Potosí 189; Buenos Aires, año 1876.
[4]
Véase su obra: “Introducción Filosófica al Derecho”, parágrafo 429,
pagina 412, sexta edición, editorial Depalma, Ciudad de Buenos Aires, año 1978.
III.
Ése mismo día, a primera hora de la tarde, me contestó la secretaria de la
Comisión del Bicentenario, Srta. Luciana Scotti, y literalmente me dijo:
“De:"Comision
Bicentenario FD-UBA" <bicen @derecho.uba.ar>
Para:"Alberto
J.Arias" <[email protected]>
cc:
<[email protected]>
Enviado: Martes, 13 de Octubre de 2009 02:39 p.m.
Asunto: Re: Resultado del Concurso "Los
abogados en la Revolución de Mayo"
Dr.
Alberto Arias,
De
mi mayor consideración,
Cumplo
en hacerle saber que su atento correo ha sido reenviado en la fecha a los Sres.
Miembros del Jurado. Asimismo, le comunico que la foja 1 se trata de la nota de
elevación del dictamen del jurado al Sr. Decano, por ello no se hizo fotocopia.
De todos modos, si lo desea, puede pasar a verla en el Instituto Gioja.
Un
cordial saludo, Luciana Scotti
Secretaria
Comisión del Bicentenario”
IV.
Estoy, pues, a la espera de la comunicación que quisieran efectuarme los
destinatarios. Si se produce, y cualquiera sea la decisión que se me curse, lo
haré saber al Profesor José de Guardia de Ponté para su inclusión en la página
de la Provincia de Salta.
V.
El Profesor José de Guardia de Ponté respondió muy amablemente a un mensaje
mío, y aceptó incluir este ensayo en Internet, desde la página de la Provincia
de Salta. Yo agradezco infinitamente esa aceptación suya porque se trata de la
página oficial de la Provincia de mis mayores y porque desde ella todos los
descendientes de Pedro Antonio Arias Velázquez podrán
acceder a esta tesis libremente, compartiéndola y, tal vez, querrán sumar datos
y antecedentes de la vida de nuestro ancestro común, comunicándomelo.
VI.
Este envío al Profesor José de Guardia de Ponté lo efectúo sin entradas de
índice y sin nivel de títulos, por lo que la Tabla de Contenido que podrá
visualizarse la construí manualmente. Todo ello así, para posibilitar su
ingreso sencillo en la página de la Provincia de Salta. Pero si algún familiar
o cualquier interesado en esta investigación, quisieran el texto con sus
entradas de índices automáticas y sus niveles de título ordenados por el
procesador Word, y me lo piden a mi dirección [email protected],
se los enviaré de inmediato, Dios mediante.
Concordia,
15 de Octubre de 2009
Alberto
José Arias
TABLA DE CONTENIDO
II.
Su linaje Arias y las concesiones que obtuvieron
V.
Sus estudios de grado y postgrado
VII.
El ejercicio de su profesión
VIII.
Pedro Antonio Arias Velázquez en Salta
IX.
Pedro Antonio Arias Velázquez y nuestra independencia
X.
Derivaciones del voto del Dr. Arias Velázquez
XI.
Nueva convocatoria de Arias Velázquez
XII.
Desacuerdos con el Gobernador Güemes
XIII.
Pedro Antonio Arias diputado y constituyente
XV.
El análisis del Dr. Atilio Cornejo:
XVI.
La opinión del General Rudecindo Alvarado:
XVII.
El comentario del Dr. Bernardo Frías:
XVIII.
El juicio del General Juan Martín de Pueyrredón:
XIX.
Pedro Antonio Arias por sí mismo:
XXII.
Addenda: Los abogados en la Revolución de Mayo. Y siempre.
ÍNDICE
DE PERSONAS Y MATERIAS TRATADAS
El
Dr. Pedro Antonio Arias Velázquez nació en Salta, el 29 de
julio de 1772,
en el seno de la familia constituida por don Pedro Pablo Arias Velázquez y Ribera y doña Josefa Antonia de Saravia y Aguirre.
Félix
Luna asegura que es absurdo hablar de aristocracia
en Argentina, porque “(a) … las viejas cepas del interior… sólo les
queda una hidalguía de gotera, un procerato municipal”[1].
Este juicio se me presenta injusto, no sólo en el caso de nuestro biografiado,
porque los sucesores de quiénes se radicaron desde el inicio de la colonización de la Argentina habrán perdido literalmente
sus fortunas y sus tierras, pero resguardan el nombre de sus mayores, que es el mayor patrimonio familiar que pudieron haber heredado. Porque
nosotros afirmamos, con el Profesor Carlos Gregorio Romero Sosa, que lo realmente
destacable es “…la nobleza de las acciones y de los procederes. Las
generaciones pasan y se mudan,… pero los nombres de aquellos seres que marcaron
un rumbo en la formación espiritual de su época, permanecen esculpidos en el
granito eterno del recuerdo de la posteridad”[2]
Es
decir, no se trata de la nobleza de sangre, que no
existe, sino de la virtud en el desempeño público, tan correcto como
exacto frente al deber cívico, y esto es lo que importa destacar de la vida de
Pedro Antonio Arias Velázquez.
II. Su linaje Arias y las concesiones que obtuvieron
Sus
abuelos fueron don Juan Esteban Arias Velázquez, Vélez de
Alcocer (Salta, 1691),
Maestre de Campo y Corregidor de Salta, y María Preafán de
Rivera y Loyola; sus
bisabuelos: Lorenzo Arias Velázquez y Pastrana, (Salta, 1648)
Maestre de Campo, Encomendero y
Alcalde de Salta, y
María de Zurita Medina y Pastrana; fue
tataranieto de Francisco Arias Velázquez de Díaz de Guzmán (Salta, 1600),
General, Corregidor, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Salta, Alcalde
Provincial de 2º Voto, y Marta Ana
de Pastrana; y chozno de
Fernando Arias Velázquez, (España, 1557)
Capitán de Guerra de Flandes, asistente a
la fundación de Salta el 16 de abril de 1582, y Menciana
Vía de Guzmán Fernández de Córdoba[3]. El escudo
familiar Arias-Velázquez posee dos sectores: El izquierdo es de oro
con 5 flores de lis ajedrezadas, de plata y jade, y es Arias, y el de la derecha es de plata con 13 rules de azur, y es
Velázquez.
Consta
en el Libro de Mercedes, de 1583, las
importantes gracias que la Corona otorgó al último nombrado y desde él a sus
descendientes, entre ellas, numerosas tierras y el título de nobleza;
también se le designó Encomendero, Corregidor y Maestre de Campo[4].
Debemos, pues, destacar esa
pertenencia de Pedro Antonio Arias Velázquez a una de las familias fundadoras de la ciudad de Salta y con el título de nobleza y las importantes propiedades y primacías que la Corona Española les dispensó[5], deviniendo de ello su inclusión en la
aristocracia de aquellos años, de linaje y económica[6], que le facilitó su educación y le imprimió su
sentido de responsabilidad hacia los otros, en la búsqueda
del bien común. Porque, entendemos, quién
se sabe poseedor de atributos y ventajas que recibe graciosamente siente, a la
vez, la carga moral de asistir a los desamparados.
Y, justamente, fue su obra y su proceder honestísimo en la función pública lo
que lo destaca y lo mantiene vivo, ciento setenta y tres años después de su
muerte física, preservándose su nombre en
sus sucesores.
III. Sus primeros años
Su padre poseía una
importante biblioteca histórica y filosófica[7] que Pedro Antonio Arias
Velázquez devoraba entusiasta desde
su menor edad, auto-educándose, y precisamente esto lo distinguió positivamente entre
todos sus pares. A esto lo concretó desde muy niño, porque aprendió a leer aún
antes de acudir a la enseñanza formal y se reconoció en él, desde muy temprano, una inteligencia
superior.
Compartió
su vida familiar con los suyos en la mansión paterna, que le brindó el cobijo
seguro. En aquellos años todos los pudientes disfrutaban las típicas casas
españolas edificadas, la mayoría, previendo un espacioso espacio interior
abierto -el patio enlosado- y generosos ambientes habitables construidos sobre
sus lados y a su frente[8].
El fondo permanecía abierto hacia un amplio jardín que alcanzaba para la huerta
doméstica y el juego de los niños de la casa; también, para el descanso sereno
al atardecer o a la sombra de un olivo, a la hora de la siesta provinciana. Las
paredes exteriores eran de 40 centímetros de espesor; los dormitorios poseían,
al menos, 4,50 metros por 4,50 metros de lado, por otros 4,50 metros de altura
hasta el cielo raso, de yeso ornamentado. Por encima de él, se ubicaban las
clásicas tejas españolas. Así puede observarse hoy día, en Concepción del Uruguay, en Entre
Ríos, la casona
que perteneció a Urquiza, hoy
patrimonio histórico nacional, y puede visualizarse por
Internet.
La
provisión de agua se distribuía por los aguateros, que iban de casa en casa
ofreciéndola. Los más acaudalados tenían instalado un aljibe -casi siempre en
el centro del patio enlosado- para acopiar el agua de lluvia, de mejor calidad
que aquélla, y que desembocaba en la cisterna y proveía a toda la familia y sus
servidores del vital elemento[9].
IV. Su formación
formal
Pedro
Antonio Arias Velázquez concretó en la ciudad de Salta su primera instrucción formal, en el Colegio de los Padres Jesuitas, dirigido por don
Domingo de Hoyos, donde se
enseñaba “…a leer, escribir y contar, gramática, doctrina cristiana, latinidad y humanidades…”[10]
La
colonia brindaba educación a todos los habitantes desde la Iglesia Católica: “…las
universidades, los colegios y la mayor parte de las escuelas primarias eran de
carácter eclesiástico...”[11]. Se mantuvo así a pesar del destierro de
la Compañía de Jesús, en 1767[12], porque los franciscanos pasaron
a dirigir sus colegios. Pero el estudio medio y superior debía efectuarse en Córdoba, Charcas o en Lima, en el
Virreinato del Perú. Quién
tuviera condiciones para estudiar y pudiera sufragar los gastos de viajes y su
estancia en lugares distantes, podía desarrollarse satisfactoriamente.
Él
fue un niño aventajado entre sus compañeros colegiales de la Salta colonial, porque contaba en su hogar con la
biblioteca paterna y el apoyo de sus padres y siempre mantuvo sus inquietudes de
progresar en sus estudios y ser mejor persona cada día, lo que demostró a lo largo de su
trayectoria como juez, vocal del
Cabildo, Ministro de
Gobierno, etcétera,
como iremos describiendo con el detalle necesario. Pero nunca fue un presumido de su saber, ni hizo gala
ni pedantería de su inteligencia, como se sabe por la tradición familiar[13].
Así
las cosas Pedro Antonio Arias Velázquez finalizó su primera instrucción formal con desenvoltura.
Para proseguir sus estudios y, gozando de aptitudes notorias y una posición económica
holgada, pudo él radicarse en Córdoba. Ingresó en su
Universidad y adquirió, en 1788, el título de
colegial maestro del Real Consistorio de San Carlos.
Nos
informa la página oficial de la Universidad Nacional de Córdoba, en Internet, sobre el
Real Colegio de Monserrat: “… Su fundación fue llevada a cabo en 1687 por el clérigo cordobés Ignacio Duarte y
Quirós... Hasta 1879 esta institución mantuvo a sus estudiantes
con el carácter de “internado”. A partir de entonces suspendió dicho régimen y
se transformó definitivamente en una escuela para la enseñanza secundaria de alumnos externos”.
Destaca
un autor: “Los alumnos de la Universidad utilizaban como internado el
Colegio de Monserrat... era
una república de iguales, eso sí, que
antes de entrar debía acreditar el aspirante ser cristiano viejo, limpio de
toda raza de herejes e hijo de legítimo matrimonio”[14].
V. Sus estudios de grado y postgrado
Decidió
proseguir sus estudios en Lima porque quería alcanzar el título de abogado y
la entonces “Universidad de Córdoba” no tenía, todavía, cátedras jurídicas
autónomas[15]. En
aquellos tiempos muchos estudiaban en la Universidad San Francisco Xavier, en
Chuquisaca, en el Alto
Perú, hoy Bolivia, pero Arias
Velázquez prefirió Lima por su mejor comunicación desde Salta[16].
Se
trasladó pues y en la Universidad Real y
Pontificia de San Marcos[17] se
graduó de bachiller y maestro en Filosofía y Teología,
en 1792. Profundizó
sus estudios y en 1797 obtuvo el título de Profesor de Filosofía, Maestro de
Leyes y Cánones y de doctor en Teología, defendiendo
su tesis que se le aprobó por oposición y mayor
número de votos. Nos advierte
Atilio Cornejo que “Dicho grado lo obtuvo gratis, merced
a sus relevantes condiciones (valía dos mil pesos más o menos)”[18] y
esto debe destacarse porque no es usual que esto suceda en ninguna Universidad
del mundo entero, aún hoy, porque el doctorado es un estudio de postgrado, y es
gravoso.
Claro
esta, me parece notable esta noticia histórica porque las Universidades
estuvieron aranceladas desde siempre, y se mantienen así, aún en nuestro
tiempo, para los estudios superiores. Cito el caso de mi padre, Carlos Ramón
Arias. Papá egresó
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 1939. No pudo
obtener entonces su título, porque en ése tiempo, como se sabe, tenía un costo
elevado. Papá nos comentó que un procurador le ofreció adelantarle el dinero
necesario con la condición que lo patrocinara en unos juicios[19].
Fue de tal modo y recién en 1941, que logró
retirar su diploma[20].
Menciono
el caso, porque debió ser muy destacada la actuación profesional y muy alto el
nivel intelectual de la tesis doctoral de Pedro Antonio Arias Velázquez para que se le otorgara gratuitamente el título de doctor que aún hoy tiene un altísimo costo. Es de
esperar que las nuevas generaciones defiendan los derechos humanos esenciales,
en especial, el derecho de todos y cada uno de aprender y aprehender,
facilitándolo el Estado, manteniendo la gratuidad de la enseñanza en los tres
niveles que en Argentina fue amparada recién desde 1994, por nuestra
Constitución Nacional[21], y ampliándola para los estudios
de postgrado.
Estos
aranceles que en los hechos impedían el acceso de los menos pudientes a la
universidad, fueron dejados sin efecto recién por el Gobierno de Perón, después de
1946. Lo paradójico es que en nuestro tiempo se vuelve a hablar de
arancelamiento, en contra de los proclamados derechos consagrados desde 1994 en
nuestra Constitución Nacional[22].
VI.
Su tesis doctoral
No
puedo brindar un análisis completo de la tesis que redactó Pedro Antonio Arias
Velázquez, porque no
poseemos sus sucesores ningún ejemplar[23]. Sólo alcanzo a repetir lo que escuché decir a mi padre: “La
tesis doctoral de mi bisabuelo fue original desde
su base porque partió de la correlación entre las normas procesales del Derecho Canónico vigente en su
tiempo y el Derecho Indiano, proponiendo el traslado de las primeras al ordenamiento civil.”
Esto
me entusiasma hoy, porque el Juez eclesiástico, en el nuevo
Código de Derecho Canónico sancionado por Juan Pablo II en 1983, en los procesos de nulidad matrimonial, debe
indagar de oficio a testigos y partes en la búsqueda de la verdad material, más allá de las alegaciones de la
parte actora -demanda promocional- y en la respuesta de la
parte convenida (Cánones 50, 1530, 1533 y cc.),
y es maravilloso. Además, debe designarse un promotor de justicia -es el fiscal civil- (Canon 1430) y un defensor del vínculo
-no existe parangón en el proceso civil- (Canon 1432). Esto debe
dar lugar a una nota especial sobre el punto, pero lo destaco aquí porque fue
propuesto hace más de doscientos años, cuándo aún no se habían establecido
normas procesales locales y cuando se legislaron,
fueron limitativas para el Juez Civil y Comercial y es poco lo que se le permitía establecer de
oficio (medidas para mejor proveer), aunque modernamente se amplió en los
recientes códigos rituales en todas las jurisdicciones, (artículo 36 del C. P.
C. y C. Nacional, pero es facultativo),
y cada vez es menos lo que los magistrados dictan por sí[24].
VII.
El ejercicio de su profesión
Comenzó
su desempeño en las Cátedras de Artes y Teología en la misma Universidad de San Marcos y, a la vez, prosiguió la carrera de leyes
que era la que más amaba. Pedro Antonio Arias Velázquez sabía que debía asumir un compromiso severo
para con la sociedad, porque su desempeño como abogado le exigía “no ayudar en causas injustas,
ni acusar injustamente”[25]; estaría obligado a defender “a
las partes fielmente y con mucha diligencia”[26], sin “revelar sus secretos ni
aconsejar a ambos litigantes simultánea o sucesivamente”[27]; no podría “abandonar los
pleitos antes de concluidos”[28]. Además, los abogados debían “patrocinar
gratuitamente a los pobres y desvalidos cuando no hubiera defensores oficiales”[29], y
se les prohibía convenir honorarios sobre una parte de lo que estaba en litigio
o un precio por el éxito en la causa, “porque entonces atenderían más al
triunfo en el pleito que al de la justicia”[30].
La
profesión de abogado en la Colonia era prestigiosa y gozaba de una alta
consideración por todos. Alcanzar ese título académico significaba un ascenso
social significativo, pero no cualquiera podía
pretenderlo. Los aspirantes “…debían ser personas de buena fama, es decir, no
tener o haber incurrido en ninguna de las causales que producían infamia, como el
nacimiento ilegítimo, las condenas por ciertos delitos, el ejercicio de algunas profesiones[31],
etcétera[32].
No debe criticarse severamente esta discriminación, que es
notoria e injusta en este siglo XXI nuestro, pero que en el siglo XVIII era corriente y aceptada por todos[33]. Piénsese que en el Código Civil original, en 1869, o sea más de
70 años después del tiempo que analizamos -y pese a la indulgencia de Carlos
III citada en nota al pie número 33- existían cinco clases de hijos: Legítimos,
naturales, incestuosos, adulterinos y sacrílegos[34].
La ley 2393 (art.112) suprimió la categoría de hijos
sacrílegos, y recién en 1954, por ley 14.367[35],
se eliminaron las dos restantes descalificaciones, manteniendo
sólo las dos clases que resultan de la naturaleza: Hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Pero no suprimió toda la discriminación
porque sólo elevó la porción hereditaria que los segundos reciben de su
ancestro, de la cuarta parte a la mitad, de lo que correspondería a un hijo
matrimonial. Recién
en 1985, por ley 23.264[36]
-doscientos dos años después de la declaración real comentada-, se igualó
definitivamente el derecho hereditario para unos y otros. Es decir, y
por esto lo manifiesto, no habría que criticar tanto y tanto el régimen legal discriminatorio vigente en la Colonia
porque fue producto de la decisión de las autoridades locales, violando la
decisión contraria de la Corona que debieron respetar honradamente[37].
Claro está, los historiadores repiten que en la Colonia... “la ley se acata
pero no se cumple”; es decir, se acepta formalmente, pero materialmente se
la ignora[38].
En
aquellos tiempos, además del derecho romano y canónico, se estudiaban las Leyes de Indias y el derecho natural y de gentes[39] y
había que hacer prácticas en un estudio jurídico avalado por la Universidad, lo que
hoy, en nuestra Facultad de Derecho (UBA), se denomina “Derecho
Forense II“ y
se cumple bajo la dirección de un profesor durante un (1) año. Pedro Antonio
Arias Velázquez lo efectuó durante cuatro (4) años en el
estudio del doctor Antonio de Bedoya y una vez acreditada tal práctica y sus estudios,
la Real Audiencia de Lima le otorgó el título de abogado el 8 de febrero de 1798.
Desde
el inicio de su actividad profesional sobresalió entre sus pares por su talento
y porque mantuvo sus investigaciones y estudios e incrementó constantemente su
biblioteca jurídica, filosófica y canónica. Se lo designó Asesor del Real Tribunal del Consulado de Lima en ése mismo año 1798, ejerciendo
fielmente su mandato hasta su renuncia voluntaria. Fue entonces que Arias,
materializando su compromiso con el bien común, remitió a Salta su importante biblioteca, que donó al
convento de los Padres Mercedarios[40].
El
doctor Arias se estableció en el Cuzco, capital histórica del Perú ingresando al gremio de Abogados de su Real Audiencia. Éste fue el
nuevo tribunal de la Corona Española en el Virreinato del Perú, que se creó
en 1788 a través de una Real Cédula, fijándose su
jurisdicción en territorios que correspondían antes a las Audiencias de Lima y de Charcas.
Ejerció
su profesión actualizándose permanentemente y siguiendo los principios
enunciados antes: Respetó en todas las circunstancias su palabra empeñada; no
tomó causas injustas; defendió a las partes fielmente y con la mayor
diligencia, sin nunca aconsejar a ambos litigantes simultánea o sucesivamente;
nunca abandonó los pleitos antes de concluirlos y patrocinó gratuitamente a los
pobres y desvalidos que se le presentaron pidiendo ayuda y también lo hizo,
espontáneamente, a favor de quiénes observó indefensos y débiles y que no se
expresaban por su enorme timidez.
Pedro
Antonio Arias Velázquez rechazó el cargo de secretario que le ofreció el
Dr. Bartolomé de Las Heras, Obispo de
Cuzco, en 1800, porque
decidió regresar a su Salta natal por la necesidad de atender sus propios
asuntos e intereses.
En
la obra Historia de la Nación Argentina dirigida por el profesor Ricardo Levene, se afirma
que Pedro Antonio Arias Velázquez “…dejó su cátedra en la Universidad de Lima, para trasladarse a Salta y
enrolarse en la causa revolucionaria…”[41].
Esto me parece un error y puede confundir al lector desprevenido, porque se
está considerando allí que Arias regresó a su terruño recién en 1810, mientras que
el mismo autor en otra de sus obras[42], y
los antecedentes familiares en mi poder, ratifican que Pedro Antonio
Arias Velázquez dejó Lima en 1800 y se dirigió a Salta para atender sus propios
asuntos. Ricardo Piccirilli, Francisco L.
Romay y Leoncio Gianello[43],
que son tres importantes autores[44],
al biografiar a Pedro Antonio Arias Velázquez, nos dicen: “En
1800 se reintegró a su tierra,
obligado a la atención de las heredades paternas… No creemos que
su regreso haya sido por la razón apuntada, y es un error de estos ensayistas
incluir ésa referencia a la herencia paterna, porque en verdad su padre
falleció muchos años después, pero sí ratificamos que su regreso a Salta se
produjo en 1800.
Tanto
es así, que como veremos más adelante, en 1802 fue designado Síndico Procurador del Cabildo de Salta, y en 1803, el
Gobernador-Intendente ordenó que se le reconocieran sus fueros. O sea que, a
más tardar, desde 1802 fijó su domicilio en su ciudad de origen.
VIII. Pedro Antonio Arias Velázquez en Salta
Se
instaló en su ciudad natal y pasó a administrar sus bienes con solvencia y
cuidado. Aquí hay que presumir que su propio padre adelantó a sus hijos una
parte de lo que sería su herencia futura, porque es improbable que nuestro
ancestro haya obtenido del ejercicio de su profesión el cúmulo de bienes que
pudo disfrutar desde su regreso a Salta.
Esta
administración le consumía mucho tiempo, porque sus propiedades eran
importantes, pero no se amilanó y cumplió eficazmente su tarea. Su estancia
principal era “La Isla” y desde ése lugar dirigía la administración
de todas, pero la mayor parte de su tiempo permanecía en la ciudad de Salta, para atender
los asuntos legales de sus clientes.
Hay
investigadores que critican que el cultivo de tierras y el cuidado del ganado
se lograba con las encomiendas de indios de la zona[45], Atapsis, Payogastas y Chicoanas. Era ésta
otra merced que los primeros pobladores obtuvieron de la Corona y sin duda los benefició económicamente en
gran medida. Pero era el sistema de la época y no podemos juzgarlo con el
criterio de justicia actual, como pareciera que lo hacen equivocadamente en la
página de Internet. Máxime, porque el trato que brindaban los encomenderos a los indios, en Salta, era
cristiano. No existía el menosprecio ni la desconsideración que algunos
imaginan, como las citas de Bartlomé Mitre sobre el trato inhumano en la Mita en Potosí[46].
Ofrezco
un ejemplo: En la casa principal de los Arias Velázquez servían varios autóctonos, y se
sabe por la tradición familiar que todos ellos y sus patrones comían la
misma comida, y la relación entre ambos grupos era más que afable. Es decir, se
preparaba un único menú diario para todos los seres humanos de la casa: Todos
los días, de lunes a domingo, era infaltable el puchero y la sopa suculenta
consecuente; el segundo plato y el postre, serían alternativos, como lo son
hoy. Pero en nuestro tiempo ya no tenemos el puchero diario y si queremos sopa,
las más de las veces hay que prepararla desde un sobre o una lata
industrializada, de alguna marca reconocida. Por algo se dice que todo tiempo
pasado fue mejor...
Aquél
era el trato humano para con los indígenas, a fines del siglo
XVIII y principios del XIX, en todos los
órdenes, en Salta[47].
Piénsese que la Asamblea de 1813 liberó sólo a los “hijos de esclavos”, por lo que la
gran mayoría se mantuvieron legalmente sujetos a sus amos, pero fueron logrando
su libertad paulatinamente hasta la sanción de nuestra Constitución Nacional,
en 1853. Y aún después, muchos decidieron permanecer con sus señores; no hay
que creer que de un día para el otro, con la jura de la Constitución, pudieron
disolverse esas relaciones entre amos y sirvientes, no ya esclavos.
Debemos
decirlo: En el interior del país era clásico observar el servicio doméstico de
por vida, hasta fines del siglo XX; y en algunos lugares, aún se mantiene. Y
esto es bueno. Es que el llamado “servicio doméstico” del interior, no es el
frío “por horas” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el interior del país
el personal doméstico muchas veces se integra de tal modo con la familia,
criando y educando a los niños y participando en todos los eventos del grupo,
que pasa a ser un miembro más suyo. Ingresan a trabajar en su menor edad y allí
se quedan, por su propia voluntad, de por vida, porque se integran en la
familia. Así era la casa de los Arias Velázquez en Salta y rechazo de plano, por falsas de toda
falsedad, las diatribas que se efectúan en Internet en contra de la casa de mis
mayores[48].
Por
ello, no hay que criticar estas costumbres provincianas que, si se mantuvieran
y multiplicaran, habría menos villas de emergencia en la Capital Federal.
A la vez de aquélla administración de sus
bienes y desde 1802, Arias Velázquez ejerció funciones públicas, como Síndico Procurador del Cabildo. En tal desempeño se destacó por su
capacidad y su irrenunciable defensa de la legalidad de los procedimientos. Presento un
ejemplo que nos mostrará cómo actuaba: Arias cuestionó al Teniente Asesor José de Medeiros, por ser suegro de un hermano del
Regidor Cornejo. Su observación se fundaba en que el Regidor Antonino Cornejo “era cuñado de su hija y come con el mismo Asesor”. Estas
situaciones estaban previstas, ya que la Ley de Indias establecía que nadie fuere abogado donde su padre o suegro fuese
Oidor, y por ello cuánto
más perjudicial sería entonces, manifestó Arias Velázquez “...que el Dr. Medeiros sea Asesor y Auditor de Guerra, donde tiene tantas conexiones, y su yerno Don Juan José Cornejo es Comandante y ejerce jurisdicción”[49].
Esto es la prueba más cabal de la hidalguía cívica
y administrativa de Arias Velázquez, cuidando la actuación legal de los funcionarios, lo que debería verse cotidianamente, aún en nuestros días. Sin embargo,
no observamos muchos ejemplos de excusación voluntaria de funcionarios; y es
más, advertimos cómo ejercía el Ministerio de Planificación el
Sr. Julio De Vido mientras su esposa era segunda
en la SIGEN (Sindicatura General de la Nación)[50], la entidad que debe
fiscalizarlo[51].
El
gobernador de la Intendencia de Salta, don Rafael
de la Luz, decretaba el
3 de agosto de 1803 guardar al Dr. Arias “los fueros, honras, preeminencias y regalías que le
corresponden, como abogado de las Reales Audiencias de Lima y de la Pretorial de este distrito”. Esto no debe
llamarnos la atención, porque el título académico alcanzado en el Virreinato del Perú debía reconocerse naturalmente en todas las
Gobernaciones‑Intendencias del Virreinato del Río de la Plata, como lo era
Salta del Tucumán, ya que ambas
jurisdicciones dependían de la misma Corona española.
Nos
manifiesta Atilio Cornejo que “…siendo Fiscal, se opuso
en la Junta de Hacienda a la imposición de derechos a las Pulperías
de la campaña. En 1802, siendo Síndico Procurador de la Ciudad, capituló al doctor José de
Medeiros, Teniente
Asesor de la misma[52].
Aquí vemos cómo y cuánto defendía Arias a los más débiles.
IX. Pedro Antonio Arias
Velázquez y nuestra independencia
Es
de la mayor importancia señalar que en 1808 Arias principia su conspiración en contra de las autoridades de
España atendiendo los sucesos de la península
ibérica, es decir, las abdicaciones de Carlos IV y de Fernando VII ante Napoleón. Pero su idea
central es, desde entonces, la independencia de estas colonias como todos vieron
producirse en América del Norte. Es decir, no
coincidimos con el Dr. Ricardo Levene en cuanto afirma que Arias regresó a Salta sólo ante los sucesos de Mayo, en Buenos
Aires[53] y tal informe
erróneo de Levene está completamente refutado con los antecedentes indubitables
que expliqué.
El
Dr. Arias inició secretamente una correspondencia con
el Dr. Mariano Michel, de
Chuquisaca[54], y
con el doctor Juan Bautista Sagárnaga y el licenciado Pedro Domingo Murillo, quiénes
habrían de ser los integrantes de la “Junta Tuitiva” de La Paz[55].
Arias intervino activamente con José Moldes y con los hermanos Gurruchaga, Francisco y
José, en sus planes emancipadores, pero se
mostró enemigo de las Logias masónicas y mostró su total rechazo a las ideas antirreligiosas y acuerdos con políticos del
Imperio Británico de Francisco de Miranda. Para que
conozcamos por qué rechazaba Pedro Antonio Arias Velázquez las sociedades secretas cabe transcribir una noticia
histórica de Bartolomé Mitre sobre la Logia Lautaro: “...debía
ejercer una misteriosa influencia en los destinos de la revolución. Aspirando a
gobernarla, sometieron a sus directores a la disciplina de las sociedades
secretas, preparando misteriosamente entre pocos, lo que debía aparecer en
público como el resultado de la voluntad de todos. Esto explicará algunas
aberraciones que se notarán más adelante... y al finalizar el año XIII era la
suprema reguladora de la política interna...”[56] Esto
es definitorio para tener por acreditado el obrar ilícito de las logias,
antidemocráticas y subrepticias por naturaleza[57].
Por ello, los hombres de bien, como nuestro biografiado, no querían sumarse en
ellas ni que ellas tuvieran influencia en la Revolución. Es decir que, desde
1808, había en el
Virreinato hombres que trabajaban en pos de la soberanía política por vías democráticas, como Arias
Velázquez; y esto debe
marcarse porque la Revolución del 25 de Mayo de 1810 estuvo fuertemente influenciada por la
Masonería,
como nos enseña exactamente Mitre[58].
De
este modo, y cuando llegaron a Salta las noticias de la integración del primer
gobierno patrio en Buenos Aires, surgió el
doctor Arias como una de las presencias preclaras entre los patriotas de
Salta y fue convocado por los grupos revolucionarios locales destacándose entre ellos.
El Cabildo
salteño se reunió el 19 de junio de 1810 para tratar la comunicación que le había
remitido la Junta Provisional Gubernativa de Buenos Aires[59]. La noticia había llegado con
demora. Piénsese en el modo de difusión de aquellos tiempos, a caballo o en
coche tirado por ellos. Salta está hoy, por caminos pavimentados, a 1496
Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero en aquélla época serían sendas
rudimentarias, sin puentes sobre los ríos, con numerosos desvíos, etcétera, y
las distancias serían necesariamente mayores. Si estimamos una marcha normal diaria
de 60 Km. a caballo, el viaje demoraría unos 26 días. Por esto, la reunión del
Cabildo Abierto no pude ser antes de la fecha indicada.
Reunidas
sus autoridades Arias se manifestó apasionado discípulo de la
Revolución de Mayo, como
revolución emancipadora verdadera y no sólo como gobierno patrio en nombre de Fernando VII[60].
El tiempo le dio la razón a Arias, porque aunque
los primeros proyectos constitucionales reconocieron su dependencia formal hacia
Fernando VII[61],
el gobierno revolucionario inició la lucha en contra de las tropas
españolas de inmediato. Un historiador alegó que la cita de Fernando VII era
solamente una expresión con que los prudentes justificaban ante los tímidos
su ideario revolucionario[62].
Pero ahí estaba y debían encontrar el modo de eliminarlo, lo que analizaremos
en nuestro título: XXII. Addenda:
Los abogados en la Revolución de Mayo. Y siempre.
Los
delegados discutieron sobre qué hacer. Fue una jornada agitada porque había
distintas posiciones: Unos querían consultar previamente con sus pares de Jujuy y Tucumán. Esto tenía sus fundamentos,
porque la Gobernación-Intendencia era “Salta del Tucumán” y comprendía a las actuales
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca[63].
Pero
Arias Velázquez se pronunció a favor del movimiento
revolucionario en forma expedita, ya que Salta
era la cabecera de la Gobernación-Intendencia y no podía andarse con titubeos. Y fue más
allá, porque en reuniones sucesivas del Cabildo propuso el modo de constituirse
el Triunvirato, en Buenos
Aires, porque
rechazó la pretensión porteña que se la considerase como mando superior “…invocando actos de los
gobiernos patrios,
que reconocen al ciudadano la libertad de pensar, dijo que los diputados no
pudieron transferir el Poder ejecutivo en otras
personas sin excederse de sus poderes, pero por las críticas circunstancias de
estar amenazados por Goyeneche se debía obedecer al Superior gobierno «para que no se nos prepare una guerra civil cuando más necesitamos de la unión sin
perjuicio de los derechos de la Provincia», debiéndose suplicar a la Junta,
«para que reformara la constitución del gobierno, nombrando a dos de los tres
del Ejecutivo que serían reemplazados por dos diputados uno de Córdoba y otro
de Salta»[64].
Esto
es un elemento a tener principalmente en cuenta porque desde estos inicios
había quiénes defendían el federalismo con pasión, como lo
hacía Pedro Antonio AriasVelázquez, mientras que
otros patrocinaban reconocer la hegemonía porteña,
como lo intentaba justamente la comunicación que la Primera Junta remitió al interior[65].
Su propuesta lo fue el 15 de octubre de 1811 como vocal de la Junta Provincial de Salta ‑formada por el coronel Tomás de
Allende, el doctor
Pedro Antonio Arias Velázquez, el coronel Juan José Fernández Cornejo, don Francisco Aráoz y don Juan Antonio Moldes-, y
manteniendo sus ideas revolucionarias auténticas, produjo un voto
en contra de la constitución del Triunvirato por Buenos Aires, manifestando
su idea: “…que era un gobierno que sólo debía admitirse temporalmente,
en esa situación de emergencia, porque no podía erigirse en autoridad central
permanente, debiendo
reconocerse los derechos de las otras gobernaciones-intendencias, puesto que
las tres eran las jurisdicciones centrales, estaban en poder de los patriotas y
se mantenían unidas”[66].
La
emergencia referida por Arias era la amenaza de invasión por Goyeneche y se debía obedecer al Superior Gobierno solamente por esa urgencia. Es notable la
defensa del federalismo que
caracterizó al Dr. Arias en esos años decisivos en la historia
argentina y cómo privilegió el interés nacional por la singular circunstancia apuntada.
Subrayo que se ve sencillamente aquí cómo nunca perdió de vista Arias el quid de la cuestión central, esto
es, el interés nacional: Él manifestaba que todos los pueblos debían gozar de
libertad, sí, pero en unidad nacional.
En
ejercicio de su vocalía en la Junta Provincial, Arias Velázquez dispuso la liquidación de los 39 zurrones cerrados de plata y oro sellado y en tejos,
traídos de Potosí por el Gral. Juan Martín de Pueyrredón[67].
Atilio
Cornejo nos informa: “En el conflicto de hallarse
«con dos Superiores, cuales son el Sr. Gral. y V. S. (la Junta de Gobierno de Salta), dicen los
Ministros Tesoreros, que cada
uno nos manda en un mismo negocio y asunto cosas diversas, no podemos menos que
protestar sumisamente en forma y conforme a derecho toda ulterior resulta y
estar a la determinación del Sr. Gral. Jefe que es a quién reconoce por Juez privativo
el caudal depositado». En noviembre 27 de 1811, los miembros de la Junta Provisional, Aráoz, Saravia y
Dr. Arias Velázquez, ordenan a
los Ministros de Hacienda que, a pesar de lo prevenido por el Gral. Pueyrredón, se venda
todo el oro que ocurran a comprar dentro de dos días, para remitir su importe a
Pueyrredón”[68].
El
importe obtenido por la venta se remitió al Gral. Pueyrredón para los gastos de guerra y vemos aquí cómo cumplió Arias
Velázquez una buena y rápida administración para la
atención de gastos urgentes. Máxime, porque la premura de la decisión lo fue
para evitar los robos que podrían producirse, como ya se había detectado el
despojo de un tejo, noticia que nos la brinda Atilio Cornejo: “…se
venden los tejos por valor de $ 11.050 a D. Camilo Velarde;
$ 122 a D. Roque Jacinto Quiroga;
$ 6.196 a D. Miguel Francisco Aráoz;
$ 3.248 a D, José Mariano Nadal;
$ 6.918 a D. José M. Castellanos; $ 3.332 a
D. Guillermo de Ormaechea;
$ 6.977 a D. León Francisco Urteaga;
$ 5.799 a D Lorenzo López Maivin;
$ 9.670 a D. Manuel Molina;
apareciendo un tejo robado por
valor de $ 204”[69].
X.
Derivaciones del voto del Dr. Arias Velázquez
Ante
las concepciones federales puestas de manifiesto por Pedro Antonio Arias
Velázquez el Primer Triunvirato dispuso la disolución de la Junta Provincial[70] de
un modo que hoy llamaríamos “intervención federal”. Aquí venció
la hegemonía porteña, como lo seguirá haciendo en adelante,
hasta nuestros días.
A este hecho político lo comenta el
Dr. Ricardo Levene[71]:
“El
Triunvirato le escribe a Juan Martín de Pueyrredón, con fecha 9 de noviembre, diciéndole
que está enterado que la Junta y Cabildo de Salta se
han reunido formulando juicio sobre el nuevo gobierno de Buenos Aires -integrado por porteños- con votos,
particularmente el del vocal Arias «subversivos del buen orden». Considera que el gobierno recto y
enérgico no debe dejar crecer los males y le encarga a él el remedio,
facultándole plenamente aun «para la variación a la forma de ese gobierno
provincial que juzgue oportuna»(10)[72]. Pocos días después el
Triunvirato vuelve a informarle de los sucesos políticos de la capital en la
que los diputados estaban fomentando «la más ruinosa división»… Es notable la
contestación de Pueyrredón, fechada en Jujuy el 4 de diciembre. Dice que
tuvo noticias de las discusiones en Salta, que
precedieron y acompañaron a la celebración del acto, pero como el hecho no
adquirió trascendencia, estaba persuadido que acaso nada hubo de malicioso en
las críticas. En otro pasaje de esta nota, Pueyrredón se niega a realizar reformas políticas como le autorizaba el
oficio del Triunvirato de 9 de noviembre, diciendo que
tales cambios, «no deben salir de un campamento militar», pues, «sería
proporcionar un remedio de peores consecuencias que el mal».
Aquí
debemos atender el alto valor de este juicio de Pueyrredón que tanto y tanto hubiera
sido necesario en los militares argentinos del siglo XX para sujetarse en sus
cuarteles.
Continúa
el Profesor Levene: “El gobierno expresó que pronto tomaría
providencias para cortar de raíz esos males (11)[73]. En efecto, hacia fines de
diciembre se dispuso la supresión de las juntas Provinciales, fundándose en «la
heroica resolución tomada de concentrar el poder». Habría sido una
contradicción de principios que, reducido el Gobierno superior en la Capital a tres personas, en
los pueblos dependientes fuese de igual número y mayor en el de las ciudades
capitales de Provincia. Se agrega en los fundamentos del decreto, que aparte
la verdad de aquel enunciado, existía la necesidad de expedirse con rapidez en
los grandes negocios y de restablecer la armonía y el orden en la política, que
las juntas no habían podido cuidar (12)[74].
Atilio Cornejo comenta esta cuestión del modo
siguiente:
“Con
tal motivo, el General Juan Martín de Pueyrredón escribía, desde su cuartel general de Jujuy, al doctor
Arias en
enero 7 de 1812: «vivir
satisfecho y tranquilo sobre el testimonio de su conciencia y sobre la opinión
pública que
merece a su vecindario», agregándole que tiene lugar «para
ocuparse en los auxilios que de sus luces necesita el Estado». La Junta de
Buenos Aires había decretado su destierro pero Pueyrredón no cumplió la orden impresionado de ideas más liberales”[75].
Pero Arias aceptó sin vacilaciones tal
decisión injusta y
atendiendo que el ostracismo decretado permitía el asilo en la Iglesia Católica pasó a dedicarse a la enseñanza
de la filosofía, en el claustro mercedario de
Salta, manteniendo sus lecturas y estudios.
XI. Nueva convocatoria de Arias Velázquez
La
revolución seguía su marcha y se había enviado al Norte un cuerpo de ejército
bajo la conducción del general Belgrano. El prócer conocía de oídas a nuestro
biografiado y quiso reintegrarlo a la causa de la revolución, por lo que le
envió un mensaje pidiéndole que colabore con el GobernadorArenales. A
partir de entonces, Arias Velázquez se suma entusiasta a la campaña del Gral.
Belgrano y se cartea con el prócer[76].
Como
se sabe, Belgrano decidió presentar batalla en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, pese a la
orden rigurosa de retroceder recibida del Triunvirato, lo que
consolidó en Salta, el 20 de
febrero de 1813. Después de
esta segunda victoria patriota y desalojados los realistas de Salta, el
Dr. Arias es nombrado Oidor del Cabildo y, luego, Síndico Procurador General de la ciudad.
En
ejercicio de tal cargo suyo la Asamblea del año XIII declaró caducos los títulos de nobleza y las preeminencias personales de sangre, por
lo cuál el Dr. Arias decidió acatar sin vacilaciones esa
disposición y, como demostración real de sus valores liberales, decidió
suprimir en su firma no sólo su título de nobleza sino también su segundo apellido, firmando, en
adelante, “Pedro Antonio Arias como demócrata simple.
Aquí
volvemos a destacar el cuidado puesto de manifiesto por Arias Velázquez para demostrar su obediencia y adhesión
efectiva al mandato democrático de la Asamblea y más también, y tal como él mismo eligió su
nombre lo citaremos en adelante, respetándolo[77].
A
Pedro Antonio Arias se le reconocía su capacidad y su entusiasmo con la causa de la Revolución plena, por lo
que fue llamado otra vez, en 1815, para
desempeñar el cargo de Procurador General del Cabildo de Salta.
Ese
mismo año el Cabildo eligió como gobernador a don Martín Miguel de Güemes y éste nombró a Pedro Antonio Arias como su Ministro de Gobierno y aquí hay que señalar que tal cargo le fue
conferido con la aprobación explícita y bajo la aclamación del pueblo[78]
que lo conocía bien.
Durante
el gobierno de Güemes Arias además de ministro, fue Asesor de Gobierno y Delegado ante el Cabildo de Jujuy en la cuestión planteada por la designación
de Gobernador-Intendente en la persona de Güemes, sin haber
participado el pueblo de Jujuy; El Cabildo de Jujuy comunicó: «este pueblo jamás ha estado a
pupilaje de aquel ni ha sido su esclavo, sino que ha mirado sus derechos a
nivel de Pueblo a Pueblo». Güemes fue
legítimamente electo hasta tanto se nombrase el definitivo «con satisfacción
y consentimiento de las Provincias Unidas», quedando a
Jujuy y a las restantes jurisdicciones[79],
la designación del Teniente-Gobernador de cada una. Nos presenta estos antecedentes
el Dr. Atilio Cornejo: “Güemes,
tentó por la persuasión obtener su reconocimiento por Jujuy, pero ésta propuso
una nueva elección verificada por una asamblea de diputados de toda la Provincia, en una
reunión a la cual asistió como comisionado de Güemes su Asesor, Dr. Pedro Antonio
Arias Velázquez[80].
Dicha reunión se verificó el 23 de mayo de 1815.
El Dr. Arias Velázquez presentó sus poderes, por los cuales Güemes decía al Cabildo
de Jujuy, que pasaba su «Teniente Asesor Dr. Pedro Antonio Arias facultado para conciliar con V. S. y si
fuese preciso con todo el Pueblo las dificultades, que propone sobre la
legitimidad de la elección de Gobernador de la Provincia, hecha en mi
persona por el Pueblo de esta Capital»[81].
Pero
tuvo diferencias con Güemes a
raíz de los continuos empréstitos forzosos que el gobernador imponía al pueblo para solventar los gastos
militares, manifestando
Arias que eran un exceso y, los más, sólo existían
para la custodia personal de Güemes. Era fuerte su crítica, por lo que debió
renunciar a sus cargos en el gabinete, convirtiéndose en el jefe de la
oposición. No obstante,
mantuvo su apoyo a Güemes en su lucha contra los españoles y del mismo
modo en sus importantes desavenencias con hombres del gobierno nacional, como el
director Rondeau, que había reemplazado
temporalmente a San Martín por una enfermedad que sufría el último. El
doctor Arias fue el artífice de la solución diplomática
del “Pacto de Cerrillos”, firmado entre
Rondeau y Güemes, el 22 de marzo de 1816, que evitó una
guerra entre el ejército nacional y las tropas que respondían a Güemes[82],
lo que hubiera sido una tragedia.
Cabe
señalar aquí que en Internet,
en la página oficial de la Provincia de Salta, se anuncia
en la biografía de Magdalena Güemes de Tejada (Macacha Güemes) que ella, hermana de Martín Miguel de Güemes fue la verdadera impulsora del “Pacto de
Cerrillos”. Esto no puede
ser cierto, porque en ese período histórico las damas no participaban
en política y era poco o nada lo que podían aportar. Estimo que la cuestión se
aclara por la pluma de Bartolomé Mitre porque nos informa: “…las dificultades de
su posición, aconsejaron a Rondeau expedir una proclama pacífica, aceptando la
indicación que antes le había hecho el Cabildo de Salta por medio de una diputación, de
adoptar un término conciliatorio. Doña Magadalena Güemes…
fue la intermediaria de la negociación, arreglando una entrevista entre ambos
generales… Firmóse en seguida la convención de antemano ajustada entre la
hermosa Doña Magdalena y el bizarro comandante de Granaderos a caballo D. Juan Ramón Rojas,
en la que, según las enérgicas expresiones del general Paz, Rondeau «fue
tan perjudicado por sus amigos, como antes lo fuera por sus enemigos.»
Estipulóse por el convenio: que se juraba paz sólida, amistad eterna, olvido
del pasado y amnistía general, quedando los desertores del ejército en los cuerpos de Güemes en que se hallaban,
comprometiéndose Salta a dar 300 reclutas en reemplazo de los que militaban en
sus filas, con obligación de devolverse recíprocamente los prisioneros, ofreciendo
la provincia auxiliar el ejército con caballos y víveres bajo la condición de
efectivo pago”[83].
(El subrayado me pertenece).
Atendiendo
estos antecedentes estimo que “el diputado” que no identifica Bartolomé Mitre fue Pedro Antonio Arias como bien lo afirman Ricardo Piccirilli,
Francisco L. Romay y Leoncio Gianello, y es más, con
seguridad los términos conciliatorios que presentó Magdalena Güemes de Tejada a Rondeau y éste aceptó, fueron razonados y redactados
por el diputado ignoto que refiere Mitre. Y siendo que otros autores lo nombran
a Pedro Antonio Arias éste fue sin duda el anónimo autor de los
términos conciliatorios aprobados por ambas partes.
Lo
afirmo así porque no puede pensarse que una señora iletrada pudo haber
imaginado y redactado ese convenio, porque está concebido especialmente en
términos favorables a la Provincia de Salta y a los desertores, que no se devuelven sino
que se reemplazan por otros reclutas, es decir, no se envía a la muerte a los
fugitivos que es el castigo que les cabía en ese tiempo, todo lo cual el manco
Paz criticó ácidamente.
Pero
no tiene mayor importancia; sabemos que las victorias siempre tienen varios
padres y las derrotas son huérfanas… Pero es lastimoso, sí, que la página
oficial de la Provincia de Salta.
en Internet, no incluya estos antecedentes que presento aquí. Lo lamento, más
aún, porque en dicha página no figura nuestro biografiado ni siquiera en la
relación histórica de los hechos sucedidos en Salta, en 1810. Esto debe
revertirse y ofrecerse la historia institucional de Salta completa y la de
todos sus hacedores también, lo que esperamos confiadamente. No puede pensarse
que la Provincia de Salta olvida al Dr. Pedro Antonio Arias Velázquez[84].
Seguimos
con nuestro ensayo: A Pedro Antonio Arias le esperaba otro honor: asistir a la reunión
del Congreso de Tucumán, y prestar su
juramento ante el Congreso mismo y el nuevo Director Supremo, el General Juan
Martín de Pueyrredón. Nos lo narra
Atilio Cornejo: “el 15 de mayo
de 1816 el Cabildo de Salta, del que
formaban parte Don Juan Manuel Quiroz, D. Santiago
de Figueroa, D. Jerónimo
López, D. Miguel L.
Sierra, Dr. Pedro Antonio
Arias Velázquez Dr. Facundo de Zuviría Dr. Juan de la Cruz Monje y Ortega, D. Severo U.
de Alvarado (Procurador general), D. José A.
Zavala, Fray Serapio
de la Cuesta (Presidente), Guardián Fray Manuel Nazar, Fray Mariano
de Jesús, Cnel. Juan B.
Bustos, D. José L.
Domínguez, D. Juan A.
Argerich, D. Pedro J.
Zabala, D. Juan F.
Zamudio, D. Ángel M.
Zerda, D. Gaspar
Burgos y D. José Argüello y Secretario D. Marcelino Miguel de Silva, reunido bajo
la presidencia del Gobernador Güemes, procedió al
juramento del Congreso General en Tucumán y del nuevo Director Supremo Gral. Pueyrredón, nombrado por
el mismo Congreso; juramento que prestó Güemes y demás autoridades civiles y
eclesiásticas”[85].
Aquí
vivió muy de cerca, Pedro Antonio Arias, la unidad
nacional que deseaba desde siempre.
XII. Desacuerdos con el
Gobernador Güemes
Estamos
viendo que Arias tuvo desavenencias con el Gobernador, y no eran
sólo por los empréstitos obligatorios, porque aquél quería respetar
las decisiones de cada y todas las jurisdicciones provinciales como federal que era. Así fue que, como
miembro de la Sala de Representantes de Salta, votó en
contra de la declaración de guerra que Güemes hizo al gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz, a quién se
acusaba de obstaculizar la expedición al Perú que había emprendido el general San Martín y en la que Güemes debía participar desde
Salta. La dura acusación era que Aráoz retenía en Tucumán los auxilios enviados
desde Chile y que se dirigían hacia Salta. Se trataba de un copioso
almacén de pertrechos de guerra pertenecientes al Estado y al ejército auxiliar del Perú y no era posible admitir la
arbitraria decisión de Aráoz.
El
dictamen de Arias intentaba la búsqueda de la solución pacifica
del diferendo, porque no era posible pensar que el gobernador Bernabé Aráoz estaba boicoteando el plan del Gral. San
Martín favoreciendo a los realistas. Güemes decidió la guerra directa porque en semejante
situación no podía andarse con titubeos, y en conjunto con Catamarca y Santiago del Estero, logró la
deposición del Gobernador Aráoz.
Por
su opinión y voto Arias fue perseguido y por estas circunstancias
conspiró en contra de Güemes proponiendo su deposición en el seno del
Cabildo de Salta, el 14 de mayo
de 1821. Güemes se
presentó con sus gauchos a los pocos días y abortó la rebelión
del Cabildo propiciada por Arias[86].
Arias fue otra vez desterrado excluyéndoselo de su
cargo gubernamental.
XIII. Pedro Antonio Arias
diputado y constituyente
A
Arias lo favoreció la sorpresiva muerte de Güemes el
17 de junio de 1821,
por lo que pudo regresar a Salta y reintegrarse en sus ministerios, en agosto
de 1821. Aquí debemos
subrayar que fue muy bien recibido en Salta por el pueblo,
reconociéndosele su nivel profesional y sus méritos. En primer lugar fue elegido
diputado por Salta para la Asamblea Electoral que debía elegir al nuevo Gobernador. También fue
votado para integrar la primera Asamblea Constituyente que dictó la constitución salteña del 9 de agosto de 1821.
El
proyecto general fue del Presidente de la Asamblea, Dr. Facundo de Zuviría, pero para el
articulado concerniente a la organización del Poder Judicial se designó a una comisión de especialistas,
los Dres. Pedro Antonio Arias y Mariano Gordaliza, asociados con
los abogados Juan de la Cruz Monje y Ortega y Silvestre Icasate[87].
Arias produjo aquí el artículo 14 constitucional que, en sus once incisos, organizó
la Justicia Salteña que pasó a administrarse
por el Estado local por primera vez.
Esta
primera constitución estableció la división de los tres poderes del Estado y significó el fin del Cabildo de Salta,
definitivamente disuelto por la Legislatura, pasando sus
funciones al Poder Ejecutivo.
El
Dr. Levene critica esta primera organización del Poder
Judicial porque no se establece nítidamente la
separación de los poderes judicial y ejecutivo: “…disponía
las siguientes prescripciones en algunas de las cuales no se percibe la
separación del Poder judicial del Ejecutivo o Legislativo, importante
reforma que se realizaría en 1825…”[88].
Esta
censura, entendemos, reside en que se reglaba allí: “En los recursos de
segunda suplicación nulidad e injusticianotoria, la Cámara de
Apelaciones, terminada la
sustanciación del grado daría cuenta con autos al Cuerpo de Representantes para que se nombrara una Comisión de tres
letrados que concluiría con el asunto. Cuando por
impedimento o escasez de Letrados en la Provincia no pudiese formarse con ellos la comisión
citada, el Cuerpo de Representantes remitiría los autos a dos o más letrados de
las Provincias inmediatas para su vista y resolución a costa del suplicante.
Los recursos de fuerza, inferida por
los jueces eclesiásticos, se elevaban
al Gobernador y en este caso como en las causas militares,
de Hacienda y demás procedería «asociado de la Cámara de Alzadas»[89].
El
reproche del maestro sería válido si lo analizamos sobre la base de nuestro
régimen constitucional vigente desde 1853, pero debemos
tener presente que esto se redactó en 1821, teniendo en
cuenta las Leyes de Indias, efectivas
entonces. En ellas se regulaban los recursos de segunda suplicación de fuerza y de injusticia notoria que Pedro Antonio Arias conocía muy bien por ser Doctor en Derecho
Canónico y reprodujo en su formulación constitucional.
Ahora explicaré por qué.
El
primero era un recurso extraordinario que trataba exclusivamente el Real y Supremo
Consejo de Indias y éste era un tribunal que asesoraba al Rey en la función ejecutiva, legislativa y
judicial, es decir, no existía ninguna separación republicana entre poderes; el
segundo era un recurso procesal derivado del Patronato, que se concedía a los
miembros del clero para recurrir por ante la Real Audiencia los resolutorios de los tribunales eclesiásticos. Y esto así, porque se consideró
que los Gobernadores-Intendentes eran continuadores en el ejercicio del
Patronato, concedido originariamente por el Papa al Rey de España.
El
tercero, de injusticia notoria, era un
recurso procesal que procedía por ante el Consejo de Indias, en su sala de
gobierno y no en la de justicia.
Los
tres recursos eran considerados una merced del soberano, puesto que el Rey debía velar por todos sus súbditos y también le incumbía
controlar los decisorios jurisdiccionales, tanto civiles como los
eclesiásticos.
Así
las cosas, en la Constitución Salteña de 1821 se mantenía un régimen similar, concediendo
ante el Gobernador los recursos de fuerza y ante la Sala de Representantes los de segunda suplicación e injusticia notoria, que debían
ser resueltos por una Comisión de tres letrados designados por los diputados.
El
Dr. Levene elogia la reforma constitucional de 1825 en Salta[90], y es correcto, porque recién entonces se organizó
la justicia republicana, escindida de los otros dos
poderes gubernativos, pero eso no significa que fuera errada la proyectada por
Pedro Antonio Arias en 1821 sobre la base de la legislación indiana
anterior, que continuaba rigiendo en su propio tiempo y era aceptado por todos,
y a esto no lo analizó el maestro. Piénsese que a Camila O' Gorman la condenaron a morir fusilada junto con su
amante sacerdote, Uladislao Gutiérrez, en 1848, pese a estar embarazada,
sobre la base de la legislación indiana; y dicha decisión jurisdiccional tuvo
que ser confirmada por el Gobernador, Brigadier General Juan Manuel de Rosas antes de ejecutarse. Recuérdese también que tuvimos un Código Civil
recién en 1869 y el Código Penal fue muy posterior, rigiendo primero el
proyectado por el Dr. Carlos Tejedor solamente para la Provincia de Buenos Aires.
Cabe
aquí insertar una enseñanza del Dr. Germán J. Bidart Campos:
"...
la expresión división de poderes no es feliz. El poder del estado es uno solo,
lo que se divide no es el poder, sino las funciones del poder; o dicho mejor,
se separan, se distinguen... c) debe distinguirse la función y la competencia;
siendo el poder uno solo, se descompone en funciones..." [91]
Es
que aún en nuestro tiempo, vemos cómo resuelve casos penales la Cámara de los
Lores,
en el Reino Unido[92]
por lo que no debe sorprendernos lo hecho por los juristas salteños en 1821.
En
poccas palabras, pues, la regulación del Poder Judicial en la Constitución
Salteña de 1821 era acorde a ese período histórico,
perfectamente ajustado a su tiempo, por lo que resulta injusta la crítica del
Dr. Levene.
XIV. Pedro Antonio Arias juez
El
20 de octubre de 1825,
el gobernador Arenales lo designó camarista interino, entre una
terna, porque el Dr. Gordaliza, titular “en
propiedad”, como se definía en aquellos tiempos el principio pétreo de
inamovilidad de los jueces, había sido designado al frente
del gobierno de Tarija. Fue una
suplencia, es cierto, pero durante su desempeño Arias demostró su erudición, como así también lo hizo durante su
cometido en la Cámara de Justicia, durante la
suspensión del Presidente de la misma, Dr. Francisco C. Castro. Por todo ello
en 1827 el gobernador José Ignacio de Gorriti lo ratificó en dicha magistratura.
Pero Arias tenía un compromiso moral con el pueblo de Salta y pensando en la obra de bien que podría realizar aceptó, en 1827, su nombramiento como Defensor General de Pobres y Menores y Protector de Esclavos, renunciando como Juez de Cámara.
En 1830 fue Juez de Paz de 2ª nominación “en propiedad”, hasta 1832 en que renunció porque pasó a ser Asesor Generaldel nuevo gobernador, Pablo
Alemán.
Arias era a la vez diputado por el departamento de
La Candelaria aunque renunció a su banca en 1834 para desempeñarse en plenitud como Asesor
General, pero sus
pares no se la aceptaron.
Y
aquí hay que destacar que la no aceptación de una renuncia expresa por sus iguales,
significa la alta valoración que se tiene del pretenso renunciante y la
importancia que se le acuerda a su continuación y participación activa en la
Legislatura.
XV. El análisis del Dr. Atilio Cornejo:
“…el
Dr. Arias se nos presenta como la figura civil por
excelencia, defensora de las instituciones… (y como)…
una de las figuras civiles más interesantes de la historia de Salta … La magistratura, para el Dr. Arias
Velázquez era un sacerdocio y una vocación y no un modus vivendi. El magistrado
de esa época y de ese temple era solicitado por su ciencia y su conciencia. No
se congraciaba con los poderosos, ni menos especulaba con los candidatos
posibles a escalar las alturas del poder.…. No tenía odios ni rencores como
juzgador, por más pasión personal que llevara encendida en el alma. Serenaba el
ánimo combativo del litigante y no se contagiaba de él, ni se transformaba de
juez en abogado contrario.… conocía las arenas de la lucha y
no pasó a sentarse directamente de la Universidad al sillón del magistrado…
Jamás estuvo engreído de sus propios fueros, ni se creyó infalible, ni olvidó
su condición humana…
Para Arias Velázquez, como magistrado y jurisconsulto, no habían emulaciones.
Más bien estimulaba. Ejercitaba el Derecho como práctica y, sobre todo, como
ciencia, dando alas a la inteligencia, al estudio y al trabajo. Admitía el
análisis de las causas complejas desentrañando la verdad de los mismos… jamás
consultaba sus decisiones, ni reaseguraba así su confirmatoria. Afrontaba, sin
creerse infalible, con los propios elementos de su conciencia y su ciencia, los
casos que se le presentaban, facilitando así rapidez y la confianza que debe
merecer la justicia. Además, Arias Velázquez como buen hijo, buen hermano, buen esposo y buen padre que fue, reflejaba su vida privada en su vida
pública. Había pasión
en su temple y personalidad en su estampa, pero había también bondad en su
corazón cristiano. Y si pecó, como todos, llevado por
su arrebatado y terco carácter, supo su inteligencia volverlo sobre sus pasos
y, antes que perdonar, supo él arrepentirse y pedir perdón primero en las horas postreras de su vida…
Sus resoluciones no eran de superficie, sino de hondura y socavado estudio…
Para él, los libros estaban siempre alertas, como viejos y como nuevos
maestros. Y su cultura jurídica y filosófica, estaba arraigada en la nobleza de
su estirpe. Las alturas no lo mareaban, porque más que funcionario, era un
jurisconsulto; más que el magistrado o el empleado, era el Dr. Arias Velázquez;
y, sin engreírse de su yo, los demás lo valoraban por sus propias obras y
merecimientos, antes que por el cargo que investía o por el sitial en donde se
sentaba. Era de aquellos hombres de una época clásica, en que se comprendía en
la acción de las dotes superiores del espíritu… Tenía también la rara virtud de
reconocer sus errores, estimando el consejo más que la alabanza. Sabía
conocerse a sí mismo y ver la viga en el ojo propio, antes que la paja en el
ajeno. Como funcionario, sabía muy bien que el hábito no hace al monje, y que
las personas no valen por los cargos que ocupan, sino por sus propias obras.
Era un juez que firmaba lo que él mismo ideaba o redactaba. No vivía de
laureles ajenos… Siempre tenía presente que él era un funcionario, no para él
mismo, sino para los demás, para el público, para el pueblo en suma… Su talento
y su ilustración, estaban constantemente regados por su sangre de hidalgos. Por
ello, habían sanos frutos en su huerto. Porque también se hermanaban así su
cerebro robusto y su delicado corazón en la férrea armadura del caballero
hidalgo. No fue un presumido de su saber, ni hizo gala ni pedantería de su
inteligencia, porque sabía que así, lejos de aclararla, la oscurecía. Y si su
testarudez y sus temas de hispanoamericano llegaron a ofuscarlo, la reacción se
producía, porque había pasta en él… Como juez, nunca pretendió erigirse en
legislador y aplicó la ley sin tendencias hacia los profesionales, porque
conocía y actuó en la órbita de éstos, no era extraño a ella… Algún fundamento
tiene la exigencia constitucional del ejercicio previo de la profesión al
desempeño de la magistratura...”[93].
XVI. La opinión del General Rudecindo
Alvarado:
El
General Alvarado, uno de las más destacados militares en nuestra guerra por la
independencia, dirigió una
carta a nuestro biografiado, el 6 de abril de 1831, en la que lo
califica y reconoce positivamente como funcionario y juez, en los
siguientes términos: “Los peligros de nuestra Provincia se aumentan con la invasión que ha sufrido la
frontera por los anarquistas (se refiere a Quiroga). Yo marcho
inmediatamente a aquel punto a tomar las medidas más conducentes a su seguridad
y defensa. Cuento con la cooperación de todos los ciudadanos, muy especialmente
con la de los funcionarios públicos, que nunca más que ahora deben contraerse
al mejor desempeño de sus respectivos deberes; de cuyo conjunto resultan el
mejor orden y la tranquilidad interior. Ruego pues a Vd. como a uno de los
señores jueces contraiga todo el celo que lo caracteriza, al objeto indicado;
como también que sirva emplear la influencia de su puesto y la distinción que
justamente merece entre sus conciudadanos, para excitar el entusiasmo de todos
por la defensa de la Provincia, que es tan necesario en las críticas
circunstancias que la amenazan”[94].
XVII. El comentario del Dr. Bernardo
Frías:
“Pero
no pasó de esta vida a la eternidad sin dejar monumento inmortal de la rectitud
de su conciencia, probando también con ello, cuanta era la sinceridad y la
santidad con que el principio religioso se había sembrado en las almas de
aquellos varones por la educación antigua basada en la fe y en el honor. Eran los
llamados para el gobierno de una república. Así el doctor Arias recordó en su testamento -y suponemos que
seria espina que lo punzaría constantemente en la vida- el caso de que cuando
era profesor en la Universidad de Lima no había cumplido estrictamente con su deber;
por lo que sintió quemándole las manos aquellos sueldos percibidos por
funciones solamente cumplidas; y en esta hora suprema, dando una lección y un
ejemplo a la posteridad, ordenaba se devolviera a la Universidad de Lima 200 pesos, en su conciencia mal habidos, como
sueldos de profesor que en ella había sido”.[95]
XVIII. El juicio del
General Juan Martín de Pueyrredón:
Vimos en nuestro título: X. Derivaciones del voto del Dr. Arias Velázquez que Pedro Antonio
Arias Velázquez fue vocal de la
Junta Provincial de Salta en 1811, disuelta luego por el Primer Triunvirato. Allí incluimos la carta que dirigió al Dr. Arias el General Juan Martín de Pueyrredón que vale repetir
aquí: “debe vivir satisfecho y tranquilo sobre el testimonio de su
conciencia y sobre la opinión pública que merece a su
vecindario”, agregándole que tiene lugar “para
ocuparse en los auxilios que de sus luces necesita el Estado”.
XIX. Pedro Antonio Arias por sí mismo:
Él
recordó de sí haber “servido con honor y sin sueldo muchos años a la Patria
en empleos concejiles, en la Junta Gubernativa y en la H. Sala de Representantes de esta Provincia”;
agregando: “en todos estos empleos siempre manifesté un carácter
impertérrito, prefiriendo el interés público al mío, a mi tranquilidad y aun a mi propia
existencia”.
En
su exposición a la H. Representación de Salta de agosto 16, de 1825,
dijo: “…que tres veces como Asesor de Gobierno le aconsejé en secreto, aminorase la
guarnición de esta Ciudad porque la provincia no podía soportarlo, hasta que la
última me contestó en voz alta irritado para congratularse con varios oficiales
que estaban presentes en su Sala, que el que así le aconsejaba era su enemigo”.
“…En
el gobierno de Güemes me opuse como Diputado a la independencia que pretendió para esta Provincia, cuando
estaba unida bajo de un Gobierno superior”; oponiéndome a “una contribución
que impuso para vestir su tropa emigradora y devastadora de la Provincia, en
otras contribuciones o empréstitos que arrancó… fluye por indudable corolario
que jamás he prostituido mi opinión a los temores ni a los respetos de los
mandatarios, ni a mi interés particular y que he tenido presente el bien general de la Provincia”[96].
Debemos
considerar en especial que todas estas expresiones no son solo palabras, es
decir, adjetivos, porque hemos visto que todo ello fueron obras cumplidas en su
vida pública, sustantivos verdaderos, y sobre su base lo recordamos. Porque su
carácter imperturbable lo hizo oponerse a Güemes cuando éste se excedió en sus atribuciones,
imponiendo contribuciones forzosas en exceso, sólo para ampliar su
propia guardia personal, y cuando
quiso promover la independencia de Salta en contra de la unidad nacional[97],
reconviniéndolo en forma directa al Gobernador Güemes y, con ello, poniendo en peligro su libertad
personal o hasta su vida, sin temor alguno, entre muchos otros importantes
hechos públicos que hemos visto e incluido arriba, que lo destacan como hombre
de bien y funcionario cabal.
Es
que Pedro Antonio Arias prefirió el interés público al suyo propio cuando aceptó el destierro de
la Junta de Mayo aunque Juan Martín de Pueyrredón lo había disculpado y no cumplió la orden de Buenos Aires y bien pudo haberse quedado Arias en sus funciones y en la misma ciudad de
Salta. Esto es la
prueba más acabada que prefirió el interés público sobre su propio sosiego y
paz.
XX. Conclusión
Quise
ofrecer un retrato de Pedro Antonio Arias pero no pude hallarlo entre los antecedentes
familiares en mi poder. Indagué entre otros
descendientes y cada uno y todos me informaron que no poseen ninguno. Pero
Carlos María Romero Sosa me remitió una carta que dirigió el
Dr. Vicente Arias al Profesor Carlos Gregorio Romero Sosa en el año 1938 y en la que le informa que el
Dr. Indalecio Gómez le comentó que “el retrato (del)
Dr. Pedro Antonio Arias Velázquez se halla en la Sala de Profesores de la célebre Universidad de San Marcos de Lima”[98].
Pedro
Antonio Arias fue un hombre que se distinguió, como vimos,
por su permanente defensa del federalismo en unidad nacional y la legalidad y honestidad en el ejercicio
del poder[99] y
en la rectitud sin cortapisas en su vida toda.
Hemos
examinado cómo comenzó su lucha por la libertad aún antes de 1810; que rehusó
las conexiones con la Logia Lautaro por antidemocrática y con agentes británicos porque sabía bien que Inglaterra anunciaba ayudarnos sólo en su propio
beneficio[100].
Es que muchos olvidaron prontamente los agravios ingleses de 1806 y 1807 pretendiendo dominarnos. Pero Arias los conocía bien y se negó a las componendas
que se le proponían por ellos.
También
vimos cómo recusó al Gobernador Güemes por su pretendida independencia y los repetidos empréstitos
con que sometía a su pueblo y no fue intimidado por la persecución que tuvo que
sufrir por su defensa de la unidad nacional y del pueblo de Salta. Por ello puedo afirmar
que su desempeño como Defensor de Pobres y Protector de Esclavos fue fecunda sin ninguna duda, como bien lo
describe Atilio Cornejo.
Arias poseyó una rica cultura jurídica, pero filosófica sobre todo, porque
era Doctor en Derecho Canónico[101] y
fue un brillante latinista. Por estas razones puedo afirmar que su actitud ante
la vida y su cometido en las altas funciones que se le encargaron fue
necesariamente de entrega hacia los demás en la búsqueda perpetua del bien
común, como lo reconoce el mismo autor referido en el párrafo precedente.
Su
importante biblioteca jurídica y filosófica se conserva por su familia y en
ella abrevaron el talento del Dr. Facundo de Zuviría, Presidente de
la Convención Constituyente de 1853, y otros
abogados, por generaciones. Hoy pueden continuar haciéndolo solo los
investigadores, porque el derecho ha evolucionado mucho[102],
en todos los órdenes, y ya no es posible cursar estudios legales únicamente con esos antecedentes
históricos.
Su
hogar fue un verdadero y permanente ejemplo para todos; allí era el señor de su
hogar que se mostraba ante sus hijos cumpliendo obras materiales, y así exhibía
cómo debían ellos desenvolverse en la vida, con la constante y perpetua
voluntad de dar a cada uno lo suyo, como lo enseñaban Aristóteles,
Ulpiano y
Santo Tomás de
Aquino y Pedro Antonio Arias pudo
conocer[103]. Su
desaparición física significó la dolorosa pérdida de un alto exponente de la
cultura argentina, y el duelo por su muerte no fue
únicamente familiar.
Su
trayectoria jurídica y judicial no fue sino uno de los aspectos de su vida, por
cierto luminosamente orientada y, como toda ella, dominada por una inmensa
humildad, un permanente desprecio hacia la erudición grandilocuente y, en
cambio una preferencia incesante por la reflexión creadora que hacia de sus
decisiones administrativas y sentencias jurisdiccionales verdaderas piezas de justicia y equidad que reflejaban su sabia lucidez y su respeto
por la verdad.
A
la par de todo lo cual sumó siempre su dedicación apasionada a los estudios
históricos, en cuya materia resultaba siempre magistral en verbo y en acción,
porque su tiempo estuvo marcado por los hechos históricos que él y sus colegas produjeron a diario.
Fue
permanente promotor de las ideas de libertad e independencia para nuestro país. Su prédica y sus alegatos,
incansables por cierto, reivindicaron siempre la visión nacionalista y católica
de la Patria grande, Hispanoamérica, y
el recuerdo y enaltecimiento de los valores vernáculos del terruño y del
interior del país y la defensa de las regiones olvidadas y de los sectores
desvalidos de la Nación.
Recordar
la vida de Pedro Antonio Arias Velázquez es necesariamente rememorar un ejemplo de
hombre,
de jefe de familia,
de funcionario, de juez y de ciudadano, que llevaba a la práctica
cotidianamente los principios que sostenía.
El
Dr. Arias falleció en su casa, hoy desaparecida, que
estuvo ubicada en la calle que ahora lleva el nombre “Caseros”, y al nº 700,
de su Salta natal, el 6 de agosto de 1838,
rodeado de los suyos. Había fundado su familia con doña María Josefa de la
Corte en la que nacieron sus once hijos, numerosos
nietos, bisnietos, tataranietos y sus descendientes actuales, que viven
orgullosos, todos, de su ancestro común, por su historial y por el nombre que
les legó.
Para uno de sus bisnietos, Carlos Ramón
Arias[104],
compuse esta poesía que le cabe también a mi tatarabuelo, el Dr. Pedro
Antonio Arias, y
por ello la repito aquí, dedicándosela de corazón:
XXI. Para Pedro Antonio Arias
No has muerto; sé que vives
todavía
en tu legado de sueños
incumplidos,
esos que baten al tiempo y
al olvido
y son tu honor y mi íntima
alegría.
Fuiste la lealtad y la
armonía,
la modestia, la fe, el bien
vivido,
el consejo franco en obras
exhibido
y el noble afán que en tu
alma ardía.
Fuiste la Justicia -en ti
hecha poesía-
y encarnaste el valor ante
el vacío
de aquellos que no te
comprendían.
Maestro verdadero: No se
perdió tu brío.
Tu ejemplo es vida nueva;
es el vigía
que ampara tu silencio,
padre mío.
XXII. Addenda: Los abogados en la
Revolución de Mayo. Y siempre.[105]
Las bases del concurso disponen que el
tema debe ser único y aunque incluyo este nuevo título, que parece diferente,
respeto esa norma, porque nuestro biografiado Pedro Antonio Arias fue uno entre todos los abogados que actuaron
en aquella época azarosa y está también él comprendido en esta cuestión.
Quiero analizar el ejercicio de la
abogacía en ese tiempo de hostilidades, para determinar
qué sentimiento político concreto animó y evolucionó en los hombres de Mayo que
organizaron, sí, el primer gobierno patrio,
pero lo hicieron a nombre de Fernando VII[106], y en tal escenario que resultó cruento
debieron tomar sus decisiones fundadas.
El juramento que pronunciaron los
miembros de la Junta fue dado a conocer por Mariano Moreno, en
su nota en la Gaceta del 07 de junio de 1810: “¿Juráis
a Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios,
reconocer la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata, a
nombre del señor Don Fernando VII, y para guarda de sus augustos
derechos; obedecer sus órdenes y decretos; y no atentar directa ni
indirectamente contra su autoridad, propendiendo pública y privadamente a su seguridad
y respeto?” Y
el autor agregó: “Todos juraron; y todos morirán, antes que quebranten la
sagrada obligación que se han impuesto”[107].
Sobre el juramento se ha dicho
fundadamente: “…La humanidad hubiera perecido totalmente si a los perjuros
se les ajusticiara. Abajo y arriba, entre los hombres y entre los dioses, se
verifican hechos que prueban el cambio de ideas, intenciones, y el olvido de
las promesas… Napoleón, aspirando a la dignidad imperial,
anheló ser consagrado por el papa (sic). Debía el acto celebrarse según la pompa romana, a
la cual Napoleón había prometido formalmente atenerse. Sabemos
que no fue así y que el flamante emperador se ungió a sí mismo, tomando la
corona y ciñéndosela con sus propias manos. Ultrajó así al papa (sic), que contaba con la garantía del gobierno francés de respetar la ceremonia tradicional. Creemos
poder estar en lo cierto cuando decimos que si el sueño es medio hermano de la
muerte, la palabra jurada es la hermana ilegitima de la sinceridad….”[108]
En síntesis, ningún historiador puede
tomar aquél juramento de fidelidad como firme sujeción y dependencia absoluta
hacia Fernando VII. Esa expresión, sólo idiomática,
fue la única que posibilitó a los patriotas asumir el gobierno con un viso de
legalidad frente a los indecisos, pero inmediatamente armaron sus ejércitos y
procedieron, sin vacilaciones aunque con excesos[109], a erradicar la contrarrevolución
incipiente en Córdoba,
es decir, procedieron a la declaración material de su soberanía.
¿Cómo fue posible a esos pocos hombres
advertir ésa conciencia nacional y contagiarla con creces a la mayoría del
pueblo, construyendo nuestra independencia desde
la declarada sumisión a un Rey depuesto?
Y hete aquí la respuesta a dicho
interrogante: Aseguro que pudieron hacerlo porque la Primera Junta se integró mayoritariamente por abogados.
Estuvieron en ella: Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Passo[110] y Mariano Moreno. También estaba Manuel Alberti, doctor en Derecho Canónico.
Afirmo que por ser letrados devino
natural en ellos la rápida formación de la conciencia nacional y la declaración
material de su independencia al iniciar y sostener su lucha contra las
fuerzas enviadas por la Metrópoli, aún después de repuesto Fernando VII
en su Trono. También fue natural como abogados que, para consolidarla,
decidieran la posterior declaración formal de su libertad y soberanía, el 9 de Julio de 1816 y que pudieran y supieran transmitirla al
pueblo todo.
Los patriotas de Mayo no fueron hipócritas al jurar fidelidad a Fernando VII
destronado y sustituido. Les resultó forzoso simular su dependencia hacia el
Rey por la sola razón política del momento, pero
inmediatamente se desligaron de tal promesa y juramento como quién no hubiese
asegurado nada, con toda naturalidad, conociendo a ciencia cierta que no habría
recriminaciones entre los patriotas. Tanto y tanto fue así que no hubo
reprimendas entonces ni nunca en adelante. Porque sólo se trató de una promesa
política[111].
Asumieron el gobierno porque no existía
ningún otro y fue en el desarrollo de los acontecimientos históricos que
pudieron trasmitir a todos ese sentimiento de libertad, propio de la naturaleza
humana, pero que pudo ser exteriorizada
fundadamente y propagarse a otros porque en su seno había letrados, es decir,
hombres tridimensionales: en las dimensiones social, nomológica y dikelógica.
Nos enseña el profesor Dr. Werner
Goldschmidt: “Político es quien reparte;
Estadista es quien reparte con justicia; Jurista es quien a sabiendas reparte
con justicia: Por ello, las comunidades no funcionarán mientras que los reyes
no sean juristas, ni los juristas reyes[112].
Aquéllas
fueron horas de incertidumbre; los más no se pronunciaban por temor a las
represalias de la Metrópoli, luego de repuesto el Rey en su trono, porque recordaban la alevosa y sangrienta represión
en Chuquisaca y La Paz[113], el año anterior. Los patriotas de 1810 fueron héroes verdaderos, sí, al enfrentar todos los peligros que
se les presentaron, pero pudieron concebir aquellos hechos y superarlos porque
tenían a sus miembros abogados que fueron su sostén, ya que recibieron de ellos
tanto la asistencia jurídica para todos sus escritos y oficios como las
soluciones legales en las encrucijadas que debieron afrontar.
Es
justo que destaquemos al Dr. Mariano Moreno que expuso sus tesis en la Gaceta, entre octubre y noviembre
de 1810, promoviendo la libertad y la independencia de nuestra Patria, en la serie de artículos intitulados: “Sobre las miras del Congreso que acaba de convocarse y Constitución del Estado”[114].
Pero
todos sus pares sumaron su sapiencia y ofrecieron numerosos dictámenes y proyectos
que cabe citar, hasta la declaración de la independencia en 1816, y fueron: 1) “REGLAMENTO DE LA DIVISIÓN DE PODERES SANCIONADO
POR LA JUNTA CONSERVADORA, PRECEDIDO DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE LO EXPLICAN”[115]; 2) “ESTATUTO PROVISIONAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA A NOMBRE DEL SR. D. FERNANDO
VII [SEGUIDO DE LOS DECRETOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD DE IMPRENTA]”[116]; 3) “PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL
RÍO DE LA PLATA, FORMADO POR UNA COMISIÓN ESPECIAL NOMBRADA EN 1812”[117] 4) “PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO
DE LA PLATA EN LA AMÉRICA DEL SUD [, DE LA SOCIEDAD PATRIÓTICA]”[118]; 5) “PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL
RÍO DE LA PLATA”[119]; 6) “PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL
RÍO DE LA PLATA”[120]; 7) “PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE CARÁCTER FEDERAL PARA LAS
PROVINCIAS UNIDAS DE LA AMÉRICA DEL SUD”[121]; 8) “ESTATUTO
PROVISIONAL PARA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DADO POR LA JUNTA DE
OBSERVACIÓN”[122].
A los
juristas que concibieron e integraron la Junta Provisional Gubernativa, en 1810, debemos ese arranque inicial hacia la independencia de 1816. También la organización nacional definitiva, y más también, pero ése es
otro tema, ajeno a la convocatoria actual.
Debemos, pues, rendir nuestro homenaje
a esos abogados preclaros que supieron fundar en derecho las cruciales
decisiones de aquellos días, redactando las actas y los proyectos necesarios.
Ellos cubrieron con su saber filosófico y legal y su equilibrio jurídico todas
las urgencias institucionales de la Junta Provisional Gubernativa.
Podemos decir, por ello, con nuestro
siempre recordado maestro, el Dr. Werner Goldschmidt[123], que por ser juristas (trialistas) todos aquellos patriotas
letrados fueron cuna de nuestra nacionalidad y fuente en las justas
resoluciones que adoptaron los hombres de Mayo de 1810.
Nuestra
generación tiene así, en los abogados de 1810, el ejemplo a seguir que es la gran lección de vida que pudieron
legarnos, porque ellos nos muestran cómo lucharon fervorosamente para alcanzar
la libertad que gozamos hoy. Es nuestro deber de hoy, imitándolos, conservar incólume
esa independencia y libertad para que nadie ose subyugar a nuestra Patria o
subyugar a América con sistemas foráneos de vida o de gobierno, lejos de
nuestra idiosincrasia democrática y cristiana.
Honremos, pues, a los fieles abogados de 1810 y a nuestra profesión, que es aurora y maestra.
Bibliografía principal
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Documentos, libros inéditos y antecedentes familiares privados
en mi poder y otros que me remitieron miembros de la familia del prócer.
2)
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3)
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4)
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5)
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9)
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10)
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15)
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21) COUTURE, Eduardo J. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL” Ediciones
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22)
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